El Seguro en Acción consultó la opinión de las cámaras empresarias que representan a las aseguradoras argentinas acerca de sus expectativas en torno a la política aseguradora del gobierno de Javier Milei que asumirá el próximo 10 de diciembre.
Cinco cámaras (ADIRA, AACMS, AdeAA, UART y AVIRA) fijan su posición.
Al respecto, desde Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA), Julián García, su director ejecutivo, indicó: “El mercado asegurador llega a fin de año después de haber recorrido un camino muy convulsionado y que se vio afectado por varios factores que no permitieron su normal funcionamiento como así tampoco se le dio la posibilidad de desempeñar su verdadero rol en la sociedad aportando todo su potencial.
Para que esto suceda, en primer lugar existen factores macroeconómicos que regularizar, como la altísima inflación y temas impositivos que perjudican nuestra actividad.
Por otra parte, el Impuesto País es una gran distorsión que debería enmendarse de inmediato. En paralelo también habría que rever otros impuestos distorsivos como IVA, que debería ser aplicable con el criterio de lo percibido y no devengado como actualmente sucede e ingresos brutos que aplica tasas desproporcionadas en muchas provincias.
Regularizar la gestión de la SSN es algo que consideramos fundamental y urgente ya que es el regulador exclusivo y excluyente de nuestra actividad. No debería haber intervención de otros organismos o reparticiones, que según la ley, no pueden ni deben tener injerencia en el mercado asegurador pero eso no sucede en el presente.
Replantear las opciones de inversiones y generar nuevas alternativas para las empresas sería algo fundamental para que el sector pueda desplegar todo su potencial. Ya son varios los períodos de resultados financieros negativos que afectan directamente al patrimonio de las aseguradoras.
Otro aspecto donde las nuevas autoridades deben procurar hacer docencia y acompañar al mercado es la relación con el Poder Judicial. Tenemos que trabajar juntos para que disminuyan de manera considerable la alta tasa de judicialización y la existencia de fallos que se apartan de los parámetros de racionalidad”.
Más adelante, Alfredo González Moledo, Presidente de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros, AACMS, afirmó: «Para esta Cámara resulta muy interesante la pregunta que se nos formula, porque nos invita a plantearnos interrogantes frente a un escenario incierto, pero para poder contestarla aún se necesita contar con algunas definiciones. Las incógnitas son muchas: dolarización, Banco Central, inflación, balances. Lo único claro es que como estamos, no podemos seguir.
Las medidas inconsultas, las resoluciones que ajustan reservas y de efecto inmediato, hacen muy difícil avizorar un futuro claro.
Es absolutamente obvio que la actividad aseguradora ha sido presionada en forma constante durante muchos años, por resoluciones adoptadas sin el consenso previo. La participación de los aseguradores ha sido en forma lateral y no coordenada por nadie. Se habla de crecimiento, cosa que no es real porque el encaje de primas es menor a valores constantes. La cantidad de asegurados ha disminuido por la incapacidad de pago de la comunidad. Esto quiere decir, que volver a reactivar la actividad depende de la economía, del poder adquisitivo de los asalariados, de las inversiones y del crecimiento del país.
Los profesionales hablan de que el seguro forma parte del circuito financiero, pero no son tenidos en cuenta los efectos mayormente negativos que provocan las reformas que se implementan.
En igualdad de situaciones, pero teniendo en cuenta la actividad, en pocos años se revertiría la situación actual, pero para ello hay que tener en cuenta que las medidas a ser tomadas por la SSN deben tener en consideración los efectos que provocarán y una vez analizados y consensuados, aplicarlos con las correcciones que el mercado estime necesarias. ¿Por qué decimos que la importancia de las inversiones es fundamental? Pues, el seguro maneja su economía a través del análisis de los riesgos, los costos de administración y el resultado financiero que provocan sus reservas.
Cualquiera de estos puntos que se vulneren, cambian radicalmente la historia. En nuestro sector, la actividad del seguro comenzó en 1898 con la fundación de una
cooperativa que aún hoy sigue cumpliendo con sus obligaciones. Esta aseguradora continuó prestando servicios y sobrevivió a los avatares políticos y económicos, pero en el camino quedaron muchos asegurados desprotegidos por el cierre de empresas y trabajadores sin empleo, esta historia debe servir como antecedente en este nuevo ciclo que se iniciará el 10 de diciembre, para revertir estos escenarios por cierto no deseados y sumamente negativos.
Ofrecemos a los nuevos responsables, colaborar antes de que dicten resoluciones inconsultas».
Por su parte, Eduardo Felizia, Presidente de la Asociación de Aseguradoras Argentinos, AdeAA, subrayó: «El resultado de la elección muestra la decisión de la población de un cambio de rumbo a todo nivel y en todos los órdenes (institucional, económico, social, ético, etc.).
Las transformaciones que se plantean son de una profundidad inmensa. Resulta imprescindible un plan de estabilización y lucha a fondo contra la inflación. La inflación es un cáncer para el desarrollo del país, y una trampa mortal para el mercado asegurador. Con alta inflación nuestra actividad se ve muy afectada y comprometida.
Desde AdeAA venimos planteando la necesidad y conveniencia de hacer cesar la participación de empresas estatales en la actividad aseguradora, que asciende a un 11 %. El Estado se involucra innecesariamente en una actividad que se encuentra perfectamente cubierta por el sector privado, en todo el país y con todos los productos que la sociedad requiere. Compite con las empresas privadas, resultando una intromisión innecesaria, a veces desleal y ajena a los objetivos del Estado.
Debe reformularse el esquema impositivo. El objetivo debe ser (i) menos impuestos y (ii) eliminación de privilegios.
La SSN debe ampliar el temario de su actividad, involucrándose en cuestiones como impuestos, cargas y costos, litigiosidad, interactuando activamente con todos los poderes y organismos del Estado, con mayor injerencia y participación en protección y apoyo del sector».
VIDA
Desde la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA), su Presidente, Irene Capusselli, manifestó: “Aspiramos al desarrollo del seguro de personas como política de Estado, porque se trata de una actividad troncal de nuestra economía, con enormes beneficios para nuestro país y para todos los argentinos, a la que se suma un alto valor social.
Lo que subyace a todas las medidas es la generación de conciencia y cultura aseguradora en nuestra sociedad, enfatizando y explicando el valor que implica la protección y el ahorro para la vida cotidiana y el bienestar de las familias argentinas. Para cualquier proyecto que se encare en el Estado debe tener un rol importante acompañado por las acciones que desde la Cámara o las compañías llevamos a cabo.
En cuanto a lo instrumental y regulatorio, se debe velar por la solvencia de las compañías para preservar el compromiso asumido con cada asegurado, y las importantes carteras de inversiones que convierten a las compañías de vida y retiro en uno de los mayores inversores institucionales del Mercado de Capitales.
Por otra parte, es necesario regularizar los pagos al exterior que actualmente se encuentran pendientes de cancelación, a fin de normalizar no sólo la situación de los reaseguros del exterior, pieza fundamental de nuestra actividad, sino también la de otro tipo de proveedores como los proveedores informáticos, que permitan seguir profundizando el proceso de transformación tecnológica que vienen llevando a cabo las compañías.
También es necesaria una revisión y disminución de la carga fiscal que facilite la comercialización de nuestros productos y una urgente revisión del decreto 377/23 que dictó la obligación de abonar el impuesto país sobre los pagos que se realizan al exterior, engrosando esta carga fiscal que mencionábamos, pero además atentando contra la libertad de competencia, dado que las aseguradoras con participación estatal están eximidas de pagar este impuesto.
Por otra parte , es necesario contar con políticas públicas que incluyan estímulos fiscales de valores significativos, con mecanismos de actualización automáticos que permitan incentivar la adquisición de los seguros de vida y retiro y contribuyan a superar la baja penetración que tienen estos productos en nuestro país. Igual de necesario es garantizar los marcos normativos adecuados para el lanzamiento de nuevos productos inclusivos.
Todo lo anterior debe darse, sin duda, en un escenario de estabilidad económica, paulatina disminución de los índices inflacionarios, mayor integración con mercados externos, previsibilidad y crecimiento económico que requerirá un compromiso y esfuerzo importante de todos nosotros”.
Riesgos del Trabajo
Cerrando esta rueda, Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, UART, expresó: “En términos generales nuestro sector evoluciona al ritmo de la inversión, la actividad económica y del empleo asalariado registrado. En este sentido será un reflejo de lo que acontezca en la economía y en el empleo. Según lo cual se esperan unos primeros meses del año duros que, si son acompañados de políticas de ordenamiento macroeconómico, deberían seguir meses de alguna mejora hacia el final del año.
En términos más específicos, para nuestro sector es crítico volver a equilibrar cobertura y financiamiento.
Para lo cual el primer tema a abordar es la litigiosidad, que viene teniendo un fuerte crecimiento. Este año terminaremos con un 23% más de nuevos juicios ingresados. Pero se dio además un crecimiento descomunal en las actualizaciones e intereses judiciales, imposibles de abordar por el sistema.
Las soluciones a este aspecto pasan por que los máximos tribunales de justicia de las provincias adheridas cumplan con lo provisto en la última reforma, Ley 27.348 de conformar los Cuerpos Médicos Forenses para atender adecuadamente las demandas que se plantean, post paso por las Comisiones Médicas del PEN.
Por otra parte, una medida concreta del Gobierno Nacional que podría contribuir con el Sistema en materia de litigiosidad, es ayudar a concretar la competencia de CABA sobre los Juzgados Laborales que siguen estando en Nación, siendo que no debiera ser así.
El otro aspecto relevante para nuestro sector es el descalce de los fondos del FFEP para financiar la cobertura de COVID. Esto también fue generado por medidas del Gobierno Nacional y podría resolverlos ajustando la cuota mensual de financiamiento del FFEP como así también mediante la entrega de algún bono del Estado.
Esperamos encontrar en las futuras autoridades el entendimiento para avanzar cuanto antes sobre estos temas”.
Hemos realizado consultas a otra cámara, cuyas respuestas no pudieron ser incluidas por una cuestión de tiempo. Esperamos poder presentar a nuestros lectores el punto de vista de otras instituciones la semana próxima.
Anibal Cejas
